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Las Falacias de Minesa

En los últimos años muchas poblaciones en el mundo se han visto en la obligación de defender su territorio, sus derechos y soberanía de la codicia de las multinacionales mineras. Esta tarea vital busca argumentar el por qué no permitir megaminería en sus territorios y defender el agua y la vida.

Las preocupaciones legítimas de los ciudadanos sobre el medio ambiente, sumadas a los aportes de profesionales de diferentes disciplinas, expertos[1] en temas relacionados con la megaminería[2] y los efectos que causa, han desembocado en una gran campaña de educación que, a través de foros, encuentros académicos, acciones jurídicas  y movilizaciones en las zonas donde se pretenden ejecutar estos megaproyectos, han llevado al punto en que la población de muchos territorios se opone a su realización, con argumentos técnicos[3] y con la autoridad de ser ella quien habita el territorio y, en esa medida, la directamente afectada y por los impactos de una actividad como la que plantean las multinacionales mineras. Este hecho cobra mayor relevancia cuando se trata de ecosistemas cuya fragilidad solo se equipara con su importancia, como es el caso  de los PÁRAMOS.

La empresa árabe MINESA pretende extraer más de 98 millones de onzas de minerales  perforando el páramo en un proyecto al que ha denominado Soto Norte, localizado metros abajo de la zona delimitada por el Ministerio de Ambiente como Páramo de Santurbán, y arriba de las bocatomas del acueducto que abastece de agua al área metropolitana de Bucaramanga. Al margen de la “delimitación” oficial, el páramo es uno solo y no admite divisiones a conveniencia de intereses como los de las mineras.

El proyecto minero Soto Norte deja muchas dudas en el aire. La información a medias es su constante.

Así como se ufanan de no usar cianuro en sus operaciones no especifican la técnica que usarán para obtener los “concentrados polimetálicos” en la que, si no usarán algún químico ―asunto que los expertos afirman que no es rentable―, usarán mayores cantidades de agua en su supuesta destilación, dejándola inutilizable para consumo de seres humanos y vertiéndola a los afluentes de donde finalmente consumen los santandereanos.

Tampoco hacen mención del número de kilómetros ni la dimensión de los túneles subterráneos que irrumpirán en los acuíferos subterráneos y que de cualquier manera terminarán drenando el páramo. Basta decir que, según datos de la misma empresa, a la fecha se han hecho perforaciones de sondeo por 350.000 metros lineales; una distancia mayor que la que separa Bucaramanga de Bogotá.

Si bien el modelo económico y extractivista hace parecer que es totalmente necesaria la minería ―y reconocemos que hacemos uso de bienes y servicios que emplean estos elementos― no podemos reducir el discurso de la protección del ecosistema PÁRAMO y los demás ecosistemas generadores de agua al simple argumento del consumismo.

Se equivoca MINESA al afirmar que hay un dilema. La sociedad Santandereana, especialmente durante los últimos siete años, se ha pronunciado con claridad frente al tema de la extracción minera a través de megaproyectos mineros en el Páramo de Santurbán. La realización de un proyecto de las proporciones planteadas ya sea por MINESA, ahora y antes por ECO ORO, es absolutamente incompatible con el bienestar de los ecosistemas de alta montaña y, por lo tanto, con el papel de abastecedor de agua para millones de seres vivos que estos cumplen. La posición expresada una y otra vez por la comunidad Bumanguesa y Santandereana es el resultado de comprender un planteamiento tan sencillo como el que se acaba de exponer.

Es natural que las grandes compañías mineras se empeñen en convencer a las comunidades de lo “inofensivos” que resultan sus proyectos, y que gasten grandes sumas de dinero para lograr su cometido; los beneficios que esperan recibir a cambio son motivación más que suficiente para sostener una y otra vez aquello que de otro modo nadie estaría dispuesto a decir. Dicho de otro modo, el afán de lucro, la competencia por riquezas, la irresponsabilidad que la acompaña; en una palabra: la codicia, lleva a estas empresas y a sus dueños a engañar sin asomo de vergüenza.

Si bien MINESA reconoce que en Canadá y en Australia hay normatividad suficiente para mantener una intervención, supervisión y control, suficiente para poder mitigar el impacto de las actividades extractivas, NO ES EL CASO DE COLOMBIA[4] y ello por varias razones:

  1. Ni Australia ni Canadá han demostrado tener en sus territorios  ecosistemas con la complejidad de uno como el de PÁRAMO.
  2. Fue hasta el 2016 (sentencia C-035), a pesar de tener una constitución a la que quisieron llamar “ecológica”, que la corte constitucional prohibió expresamente la minería en zonas de páramo y ordenó mantener la integralidad del ecosistema; orden que parecen omitir las autoridades al negarse a reconocer éste en su totalidad.
  3. La institucionalidad colombiana se encuentra en un estado de absoluta debilidad (carece de la voluntad e infraestructura necesaria) que permite a las compañías moverse a placer por el territorio con controles apenas existentes, basados en la información proporcionada por ellas mismas.

Las comunidades ubicadas en las zonas de páramo, mantenidas en el olvido por parte del Estado, han desarrollado actividades mineras durante décadas. Han contaminado, cierto, pero pueden mejorar sus prácticas y deben ser vigiladas por entes competentes, pero también tienen derecho a mantener sus costumbres, sus territorios y trabajos dignos y no ser tercerizadas como la empresa minera lo ha propuesto y lo practica.

No existe un tal dilema para la comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana, acerca de si proteger el agua o permitir la megaminería; mucho menos un “falso dilema” en torno a lo antes planteado. Ello por dos consideraciones que expresan la importancia de este debate y a la vez la claridad que en torno a él tiene la población. La primera tiene que ver con que tratándose de un ecosistema de páramo el tal falso dilema no existe hay evidencia suficiente[5] acerca de las afectaciones que causará la minería a gran escala en ecosistemas como el de páramo. Ni Greystar ni ninguna de las compañías que insisten explotar estos ecosistemas o sus inmediaciones (tal es el caso de MINESA) han demostrado lo contrario.

La segunda consideración se desprende de la primera: siendo que no hay falso dilema; que la minería a gran escala es en verdad nociva para ecosistemas frágiles, los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga y, ya por estos días, muchos de la provincia de Soto Norte, están convencidos de que el agua y la vida valen mucho más que el oro.   

Hay otra razón para repudiar la presencia de las grandes minera en Santurbán: Compañías como MINESA, con proyectos que dicen mantener y promover la minería legal, satanizan a quienes han trabajado tierras santandereanas por generaciones. La criminalización hace ver a sus habitantes como extranjeros dentro de sus propios terrenos, como delincuentes ante sus familias, no facilitan en definitiva la reconstrucción del tejido social. Por eso, ni aquí, ni en Soto Norte, queremos MEGAMINERÍA que solo DESTRUYE.

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Cómo podríamos permitir en NUESTROS PÁRAMOS la “Minería Bien Hecha” en pleno siglo XXI?

¿Cuántas onzas de oro han extraído en etapa de exploración? ¿Quién controla la emisión de gases de los túneles dentro de la montaña? ¿Quién controla la ruptura de los acuíferos subterráneos? ¿Dónde está la cartografía de éstos acuíferos? ¿Quién controla a la empresa? ¿la empresa misma? ¿La CDMB con quien tiene convenios de cooperación? ¿El ratón cuidando el queso? ¿Frente a los cientos de miles de millones de dólares que obtendrían por los minerales que pretenden extraer, creen que es justo que paguen regalías por el 3.2% al país de donde los extraerán? ¿Un 2.1% de participación en el Producto Interno Bruto frente al incalculable daño que ocasionan? ¿Realmente hay una garantía de minería bien hecha? ¿Quién responderá por los infinitos pasivos ambientales que produce la megaminería? ¿Podrán nuevamente los campesinos cultivar en tierras áridas? ¿Quién tomará agua ácida?

Sólo son algunas de las preguntas que debemos hacernos.

Por eso mismo, por la inoperancia normativa, por la corrupción y los intereses que hay en medio de la pretensión de la minera de extraer el mineral y dejarnos sin agua, NO HAY NINGÚN DILEMA. Ingeniero Darren Bowden: LA MEGAMINERÍA EN LOS PÁRAMOS NO ES SINÓNIMO DE DESARROLLO NI DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA EN LOS TERRITORIOS. No permitiremos que a nuestras generaciones ni a las futuras la megaminería las deje sin agua y por supuesto, sin vida.

 


[1] Numerosos intelectuales, académicos y profesionales han demostrado con un alto rigor técnico que la minería a gran escala es una actividad inviable en términos económicos, ambientales, etc. entre estos estudios destacan los informes de la Contraloría General de la República y la producción de profesionales como Manuel Rodríguez Becerra entre otros.

[2] http://www.manuelrodriguezbecerra.org/entre_dedo.html

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1917-mineria-en-los-paramos-el-agua-vale-mas-queel-oro.html

[3]http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-prohibe-mineria-paramos-articulo-615389

[4] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16590283

http://www.rcnradio.com/economia/pese-fallo-la-corte-mineria-sigue-operando-paramo-santurban-contraloria/

[5] Minería en Colombia. Informe de la contraloría

 

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